La Corte Constitucional de Ecuador aceptó este domingo la admisión a trámite de la evaluación sobre la legalidad del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa, cuyo objetivo es instaurar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Con este dictamen, el máximo tribunal determinó que la vía planteada por el mandatario es jurídicamente correcta para avanzar en este proceso político.
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Inicio del control de constitucionalidad
El fallo fue remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) y establece que la Corte iniciará un control de constitucionalidad sobre los considerandos, la pregunta propuesta y el estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la futura Asamblea Constituyente. Dichos elementos fueron presentados en un decreto presidencial emitido por segunda vez este sábado, conforme a lo que exige la normativa vigente.
De acuerdo con el cronograma planteado, solo después de que la Corte emita un dictamen favorable, el CNE podrá incluir la pregunta en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre.
Alcances del dictamen
En su pronunciamiento, la Corte Constitucional subrayó que la Asamblea Constituyente tendrá la potestad exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución. Este texto, en caso de ser aprobado por el órgano constituyente, deberá someterse obligatoriamente a referéndum popular.
El tribunal enfatizó, además, que el proceso deberá respetar límites materiales vinculados al ejercicio del poder constituyente. Entre ellos, se destaca el reconocimiento de la dignidad humana como pilar del sistema jurídico, la vigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la observancia de las normas imperativas del derecho internacional.
Asimismo, recordó al Ejecutivo que toda convocatoria a una Asamblea Constituyente requiere, de manera previa, la presentación de una solicitud formal ante la Corte para obtener el dictamen de vía, condición indispensable para continuar con el proceso.
Polémica por la convocatoria inicial
La decisión de la Corte llega tras la controversia generada por la convocatoria realizada el pasado viernes por el presidente Noboa. A través de un decreto, el mandatario llamó a un referéndum nacional para consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo con instaurar una nueva Asamblea Constituyente que sustituya la Constitución aprobada en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa.
Este decreto fue cuestionado debido a que no contaba con la autorización previa de la Corte Constitucional. Como respuesta, los jueces admitieron a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad y suspendieron temporalmente los efectos de la convocatoria presidencial.
Ante esta situación, el pleno del Consejo Nacional Electoral se reunió el sábado en la mañana y declaró el inicio del periodo electoral para el referéndum. Sin embargo, evitó tratar en esa sesión la consulta relacionada con la Asamblea Constituyente, a la espera de una resolución definitiva de la Corte.
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Un proceso en manos del electorado
De avanzar el trámite, el referéndum del 16 de noviembre representará un hito en la política ecuatoriana, al abrir la posibilidad de que los ciudadanos decidan si respaldan o no la instalación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva carta magna.
El debate en torno a este proceso refleja las tensiones entre los distintos actores políticos, así como la importancia de las instituciones de control en el resguardo de la legalidad. Mientras tanto, el país espera el pronunciamiento final de la Corte Constitucional, que será clave para definir si el referéndum avanza o queda sin efecto.
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