La ministra de Ambiente de Colombia, Lena Estrada, presentó su renuncia irrevocable el pasado 1 de agosto, en medio de una creciente crisis social provocada por bloqueos de mineros y campesinos en el departamento de Boyacá. Los manifestantes exigen respuestas concretas del Gobierno Nacional sobre la delimitación de páramos y condiciones laborales dignas.
El presidente Gustavo Petro aceptó la dimisión y, mediante decreto presidencial, encargó temporalmente la dirección del Ministerio de Ambiente a Irene Vélez, actual directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y exministra de Minas y Energía entre 2022 y 2023.
Crisis ambiental y social presionan cambios en el gabinete
La salida de Lena Estrada se produce en un momento de tensión social en el centro del país. Las protestas, que paralizan parte de Boyacá desde hace semanas, han puesto sobre la mesa una discusión pendiente: el impacto de las políticas ambientales en las comunidades que habitan en las zonas cercanas a los páramos.
Campesinos, mineros informales y líderes locales han expresado su malestar por lo que consideran una falta de consulta previa y apoyo institucional en la aplicación de medidas ambientales, especialmente aquellas relacionadas con restricciones de uso del suelo en áreas protegidas.
La ahora exministra había sido designada como parte del gabinete técnico de Petro, con experiencia en gestión territorial y desarrollo sostenible. Sin embargo, su renuncia refleja las crecientes dificultades del Ejecutivo para equilibrar la protección ambiental con las demandas sociales y productivas de las regiones.
Alta rotación en el gabinete de Petro
Con la renuncia de Estrada, el gobierno de Gustavo Petro suma ya 60 ministros rotados en menos de tres años de gestión, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país. Esta inestabilidad ha generado cuestionamientos sobre la cohesión del equipo de gobierno y su capacidad para ejecutar políticas de largo plazo.
Además, Lena Estrada se convierte en la segunda ministra de Ambiente que deja el cargo durante esta administración, luego de que Susana Muhamad presentara su renuncia en febrero de 2025, también en medio de desacuerdos internos sobre el enfoque ambiental del Ejecutivo.
Petro acusa a Perú de violar acuerdo fronterizo sobre la Amazonía
En paralelo a la crisis ambiental y política interna, el presidente Petro protagonizó este jueves una nueva controversia internacional al acusar al Gobierno del Perú de ocupar indebidamente un territorio en la región amazónica, concretamente la Isla Santa Rosa, situada en la confluencia entre Colombia, Perú y Brasil.
“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin al conflicto limítrofe”, expresó el mandatario colombiano a través de su cuenta oficial en la red social X. En su mensaje, Petro aseguró que el tratado de 1934 establecía que la frontera debía seguir la línea más profunda del río Amazonas, e hizo un llamado a resolver cualquier diferencia directamente entre los dos Estados.
Respuesta del Perú: “La isla está bajo soberanía peruana”
Horas después, la Cancillería del Perú emitió un comunicado en el que rechazó enfáticamente las declaraciones de Petro. El texto subraya que la Isla Santa Rosa se encuentra “bajo la soberanía y jurisdicción del Perú” de acuerdo con el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial suscrito con Colombia el 24 de marzo de 1922 y los trabajos de delimitación realizados por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.
La tensión diplomática se suma a una relación bilateral ya afectada desde que Petro asumiera una posición crítica frente a la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo en 2022. Desde entonces, los vínculos entre Lima y Bogotá han sido fríos y marcados por episodios de distanciamiento institucional.
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Panorama incierto para el gabinete ambiental y relaciones exteriores
Con la renuncia de Estrada y el nuevo frente de tensión internacional abierto con Perú, el gobierno colombiano enfrenta desafíos tanto internos como externos en la gestión de su agenda ambiental y diplomática. Mientras comunidades como las de Boyacá esperan soluciones estructurales a sus reclamos, los conflictos limítrofes podrían dificultar aún más el clima político regional.
La designación de Irene Vélez como ministra encargada abre interrogantes sobre el rumbo que tomará el Ministerio de Ambiente en medio de una coyuntura altamente sensible. Su experiencia previa en el sector energético y su actual rol al frente de la ANLA podrían significar continuidad, pero también la posibilidad de ajustes estratégicos en las políticas de licenciamiento y regulación ambiental.
En el plano internacional, se espera que las cancillerías de Perú y Colombia reactiven los mecanismos diplomáticos bilaterales para evitar una escalada mayor del diferendo fronterizo, que ya ha captado la atención de organismos regionales.
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