En una ciudad donde más del 70% de los habitantes son de origen hispano, el alcalde de Miami, Francis Suárez, impulsa un ambicioso plan para consolidar a la urbe como un centro de atracción de capital extranjero. Su estrategia se centra en el programa EB-5, una visa que otorga residencia permanente a los inversionistas que destinan cerca de un millón de dólares a proyectos generadores de empleo en Estados Unidos.
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Durante un evento en el Ayuntamiento, Suárez destacó el valor de esta iniciativa tanto para la economía local como para quienes buscan estabilidad en su situación migratoria. “La existencia del programa como un medio de inversión en la ciudad y también para personas que, comprensiblemente, en este tipo de entorno y contexto, están preocupadas por su estatus migratorio”, señaló el alcalde.
En un reciente artículo de CNN en Español se pudo conocer que contactaron al Gobierno de la ciudad de Miami para conocer más detalles de la propuesta, aunque aún no se ha emitido una respuesta oficial.
Un puente entre inversión y migración
El alcalde republicano defiende el programa EB-5 como una herramienta clave para el crecimiento económico de Miami, al mismo tiempo que ofrece una vía legal de residencia a empresarios, en su mayoría latinoamericanos, que buscan establecerse en Estados Unidos.
Sin embargo, no todos ven la propuesta con optimismo. Expertos en política migratoria, como Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, advierten sobre la contradicción entre la promoción de este tipo de visas y el endurecimiento de las leyes migratorias en Florida. “Las políticas restrictivas no solo afectan a los trabajadores esenciales, también pueden desalentar a los inversionistas extranjeros”, señaló el especialista.
El contraste con las políticas de Ron DeSantis
El contexto político en Florida marca un fuerte contraste con la iniciativa de Suárez. Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, se han aprobado normativas consideradas entre las más duras del país contra los inmigrantes indocumentados.
En 2023 entró en vigor la Ley SB 1718, que obliga a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus empleados en una base de datos federal, exige a los hospitales reportar si un paciente es indocumentado y prohíbe aceptar licencias de conducir emitidas por otros estados a inmigrantes sin documentos.
Estas medidas han sido señaladas como una amenaza al clima de negocios, especialmente en sectores donde la mano de obra migrante resulta esencial.
Aumento de detenciones y denuncias de abusos
El impacto de estas políticas también se refleja en las cifras de detenciones. De acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el Krome North Service Processing Center, ubicado en el condado de Miami-Dade, registraba al 2 de septiembre de 2025 una población diaria promedio de 909 inmigrantes detenidos.
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Además, Florida alberga uno de los centros de detención más cuestionados del sistema migratorio de Estados Unidos, conocido como “Alligator Alcatraz”. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado allí condiciones de hacinamiento extremo, aislamiento prolongado y tratos considerados inhumanos.
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