Inclusión social en tiempo real: el caso de Pensión 65

Inclusión social en tiempo real:  el caso de Pensión 65

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Víctor Palacios Córdova
Colaborador

La inclusión social es un concepto puesto en boga por el actual Gobierno Nacional, y es una de la claves para hacer sostenible el desarrollo. En ese marco, Pensión 65 representa uno de sus programas sociales emblemáticos y forma parte del Estado de Bienestar, concepto político relacionado con una forma de gobierno en la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la población de un país que lo requiera.

Según datos oficiales (2013), Pensión 65 entrega un subsidio a 290 mil adultos mayores de 65 años que viven en extrema pobreza de acuerdo a la calificación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), el cual es un instrumento fundamental para responder a las necesidades de información social, tiene un padrón general de las características socioeconómicas de los hogares en el ámbito urbano y rural. Uno de sus objetivos es identificar a los potenciales usuarios de los programas sociales. Intervienen tres actores en este proceso: el Ministerio de Economía y Finanzas (Unidad Central de Focalización), las municipalidades (Unidades Locales) que empadronan y califican socioeconómicamente a las personas como potenciales usuarios y los programas sociales que utilizan esta base de datos para focalizar a sus usuarios.

Si bien la rigurosidad de este proceso técnico-administrativo debe garantizar una correcta selección de usuarios de los programas sociales, es imperativo que el proceso se haga en “tiempo real”, es decir, con la celeridad que la situación amerita. En este caso, hablamos de ancianos pobres extremos que requieren una atención urgente del Estado y no deberían esperar demasiado tiempo para ser calificados como usuarios.

Soy testigo de la situación de una anciana enferma que a duras penas sobrevive de la venta ambulante de golosinas, fue empadronada por la Municipalidad de Piura en el 2012; pero a más de dos años todavía no culmina el proceso para definir su calificación como usuaria.

Por tanto, es menester que las entidades competentes hagan seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso de focalización para detectar cuellos de botella y probables ineficiencias burocráticas.                         

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