Un ‘regalito’ que los padres de la Patria dejaron para los peruanos este año es el Decreto Legislativo 1605 que modifica el Código Procesal Penal, dándole atribuciones especiales a la Policía Nacional para que investigue delitos por cuenta propia, una tarea que la perdió hace 19 años, precisamente por las constantes denuncias de corrupción y favorecimiento; pues muchos de los investigados siempre salían limpios de polvo y paja a pesar de las evidencias.
El dichoso DL aclara que el objetivo es luchar contra la inseguridad y criminalidad, así como agilizar las diligencias preliminares, pero sin “las competencias fiscales”; en pocas palabras, la Fiscalía tendría la última palabra, pero esas investigaciones preliminares serán incluidas y formarán parte de los atestados a los investigados por delitos penales o de otra índole.
La duda para los expertos es que la Policía no genera confianza. El nivel de descredito es tal que se teme que en esas investigaciones preliminares se ‘ablanden’ si de por medio hay padrinos o ‘buenas razones’, o, en otros casos y por rivalidad política o lucha de poder, se endurezcan. ¿En quién se puede confiar hoy?
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