En el Perú hoy existen 73 conflictos mineros, según Defensoría. El 90% de estos en el llamado “corredor minero del sur” donde operan las empresas más importantes del país, como Southern Perú, Las Bambas, Hudbay, Antapaccay, Quellaveco, entre otras.
Las disputas con las comunidades son continúas y tienen décadas; la única diferencia hoy es que el actual gobierno ha dejado a su suerte a las mineras, en un momento clave en que los metales alcanzan su más alto precio.
La indiferencia de un gobierno anti minero es evidente, no solo por la presencia de la premier Mirtha Vásquez, ligada a ONG antiminera; sino también por la postergación de 14 proyectos mineros que iniciarían operaciones entre el 2022-2024, pero están estancados porque no hay atención ni se da solución alguna a los conflictos que persisten como Las Bambas.
Parece que al gobierno poco le interesa perder más de US$18 mil millones por estos proyectos, así como miles de puestos de trabajo directo e indirecto que genera la minería. A este paso, no sabemos de dónde sacará dinero el Estado para los programas sociales si está matando la minería, principal motor de la recaudación.
