Lo que hace el Estado a través de la Sunat, con la polémica decisión de desaparecer el secreto bancario, no es solo una cuestión de control de evasión de impuestos. Para empresarios y abogados el asunto es polémico, pues vaticinan que el gobierno intenta sutilmente detectar pequeñas o medianas fortunas para luego gravar con un impuesto los ahorros de los peruanos, como lo hacen los gobiernos de izquierda.
Para los tributaristas, la Sunat ya tiene una herramienta para detectar las operaciones bancarias mayores a los 10 mil soles llamado ITF. Pero parece que esto no es suficiente para tener un perfil financiero (o vigilado) de los ahorristas. La Sunat quiere más; tener acceso libre y sin restricciones a cualquier movimiento bancario. Eso de la violación del secreto bancario los tiene sin cuidado.
Los defensores justifican el control en aras de luchar contra la corrupción y evasión de impuestos; el riesgo es el autoritarismo con que se aplica, pasando por encima la consulta al TC, pues muchos creen que la medida es inconstitucional. Además, surge el temor de que los ahorristas huyan del sistema bancario y se cobijen en la informalidad o el “viejo colchon”.