La prensa responsable y seria suele ser incómoda para ciertos gobernantes con aires de dictadores. Aquí en Piura cuando asumió el cargo, el gobernador cerró el Gore a algunos medios de comunicación a los cuales se niega a declarar hasta ahora.

El Gobierno de Pedro Castillo sigue el mismo estilo, cerrar el acceso a los periodistas, colocarles rejas y mantenerlos lejos de sus ministros y funcionarios. Todo lo que sucede en su gobierno, para él, debe ser secreto o estrictamente confidencial.

Se culpa a los medios de prensa de tergiversar declaraciones y de condicionar la publicidad a través de la línea editorial, lo que no dicen es que les molesta las preguntas embarazosas, olvidándose que esto último es la razón de ser del periodismo. Olvidan que los periodistas no son ‘amigos’ ni muchos menos relacionistas públicos de funcionarios de gobierno.

Estos funcionarios tienen algo en común: ignoran que al cerrar el acceso a la información en el gobierno vulneran un derecho universal del ciudadano; el estar informado, consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el derecho individual de investigar y recibir información y opiniones.