Por amplia mayoría, el actual Congreso por fin se hizo una: aprobó la reforma de inmunidad parlamentaria; una figura jurídica que por muchos años fue utilizada para proteger a cuestionados personajes perseguidos por la justicia; es decir, se había convertido en el refugio de la impunidad.

Significa que, si los aspirantes que hoy hacen campaña estaban pensando burlar a la justicia con la inmunidad parlamentaria, se quedarán con las ganas. A partir de ahora, cualquier congresista podrá ser procesado o arrestado sin necesidad que el Congreso lo autorice, siempre y cuando sus delitos sean extrafuncionales, que no involucren su acción parlamentaria.

Si bien ahora la justicia puede alcanzar y procesar a los denunciados, esta reforma de inmunidad no deja del todo desprotegidos a los parlamentarios siempre y cuando se les denuncie por delitos de función. En este caso, es el propio Congreso que lo someterá a un antejuicio político a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La cereza del pastel es que esta reforma también alcanza a magistrados del TC y al Defensor del Pueblo. ¡A portarse bien!