Por el Congreso “bonachón” hay una fuerte presión de la comisión de Descentralización para que el dictamen de reelección de gobernadores y alcaldes lo asuma cuanto antes la Comisión de Constitución y se realice, como se espera, la respectiva reforma constitucional que permita dejar hasta por 8 años seguidos a los inquilinos municipales y regionales.

Para muchos ciudadanos, la iniciativa es buena considerando que cuatro años es muy poco tiempo para ejecutar proyectos de envergadura, pues las nuevas autoridades pierden hasta un año y medio “aprendiendo” de gestión y en la ejecución de proyectos que cuando por fin estos ven la luz, ya tienen que abandonar el cargo; el que lo reemplaza es quien inicia la inauguración de obras dejadas por la gestión pasada.

El cuestionamiento, sin embargo, no es el riesgo porque estén ocho años en el cargo, sino por las peripecias y acciones de corrupción que casi siempre conlleva estos cargos públicos, tanto así que se ha calificado a los gobiernos regionales como “el botín de la corrupción”. ¿Pruebas? Hoy existen 19 gobernadores investigados por corrupción, entre ellos el afable gobernador de Piura.