Tras la detención de dos alcaldes (padre e hijo), investigados por hacer y deshacer en las comunas de Ayabaca y Lagunas, muchos piuranos tendrán ahora la respuesta de por qué la “lluvia de candidatos” que se alistan con vehemencia para participar de las próximas elecciones municipales y regionales en Piura.

El “clan Marchena” como lo ha bautizado la Policía es un ejemplo -de los muchos que se han descubierto hasta ahora-, de cómo se utilizan las instituciones públicas para el enriquecimiento ilícito. Son escasos los políticos honrados y comprometidos con el desarrollo de sus pueblos, pues la mayoría dedican tiempo y gastan miles de soles para ganar una elección concientizados de que una vez en el “cargo” obtendrán poder, pero también pingues ganancias.

En efecto, existe un concepto erróneo de quienes ganan un cargo público de creer que se han sacado la lotería y que la resolución que les otorga el JNE, como ganador de una elección, es un documento que lo hace “dueño” de la institución con derecho a no rendir cuentas a nadie, mucho menos a la población que los eligió. Los archivos judiciales y policiales lo ratifican.