Con la variante Ómicron rondando en la región, preocupados ciudadanos exigen a las autoridades de Salud, municipios, Gore y Policía, hacer cumplir con rigurosidad los protocolos contra el virus, sobre todo, sancionar a los organizadores y a los jaraneros; a los que usan las mascarillas como babero; a los playeros y todas aquellas personas que son una amenaza para la propagación del virus.
Si bien los ofuscados vecinos tienen razón de exigir acción y sanciones, la prevención y lucha contra esta pandemia no es competencia única de las autoridades, sino una responsabilidad social; es decir, una tarea de todos. La población debe tomar conciencia que las aglomeraciones en playas, centros comerciales, fiestas, etc., contribuye a la expansión del Ómicron, por tanto, evitarlas.
En ninguna ciudad existen suficientes policías o fiscalizadores para ir tras los infractores. Si la población es insensible al problema, es probable que en enero los servicios de salud se desborden con una potencial tercera ola, como temen en Salud. Lo dramático es que muchos infectados –incluso nuestros familiares-, serán quienes paguen las consecuencias de esa irresponsabilidad colectiva.