Los colectivos de Piura, gremios y la Iglesia, pese a la incertidumbre que se vive por la crisis política y económica, no dejarán pasar la oportunidad de insistir por un proyecto que por derecho le corresponde a esta región: un hospital de alta complejidad; una propuesta manoseada políticamente, pero vilmente menospreciada por quienes tienen el poder y la autoridad para convertirla en realidad.
Los piuranos deben saber que un hospital de esta magnitud, que había sido presupuestado y encaminado vía asociación público-privado (APP) -y luego, por conveniencia política, cambiado a financiación estatal-, no es un capricho, sino una necesidad urgente para los cientos de pacientes que cada año deben emprender un viacrucis a Chiclayo o Lima en busca de una cura a sus males.
Sobre este proyecto hay responsables que deben rendir cuentas, pero también gestores que aún pueden interceder para conseguir el financiamiento que hace algunos meses, el gobierno de Pedro Castillo le arrebató a Piura. No basta mirar y opinar desde la ventana, los piuranos deben salir a marchar este 8 de julio exigiendo un derecho constitucional como es la atención a su salud.
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