La compañía Nexa, que opera la mina Cerro Lindo en Ica, se sumó a las empresas que suspenden sus operaciones debido a la sospechosa aparición de grupos belicosos bloqueando carreteras y que se adjudican de manera prepotente la representación del “pueblo”. Esta nueva suspensión afecta no solo a 8 mil 500 puestos de trabajo directo e indirecto que dependen de esta mina, sino que también pone en riesgo el canon minero.

En otro escenario, la Sunedu, en un ambiguo comunicado, se queja de que el gobierno de Pedro Castillo se ha quedado paralizado frente al atropello contra la reforma universitaria emprendida desde el Congreso, con una propuesta de ley de permitir el regreso de las universidades denegadas.

En ambos casos el gobierno de Castillo guarda intrigante silencio. En el caso minero deja que los revoltosos -que desconocen los propios pobladores de la zona minera-, bloqueen el abastecimiento a las minas. Hasta ahora, a pesar del daño a la economía, el gobierno propone una solución a estos conflictos. En el caso de la Sunedu, pasa lo mismo, es como si a este gobierno poco le interesara la inversión privada y la defensa de la educación.