Con el argumento que los medios de prensa tergiversan declaraciones, algunas autoridades han optado por bloquear cualquier investigación periodística.

El Gore en Piura es un ejemplo. Allí los periodistas no tienen acceso a sesiones públicas; no pueden ingresar a los locales y mucho menos entrevistar a los funcionarios a quienes, parece, se les ha impuesto como requisito para el cargo, no hablar con periodistas.

Lo que ignoran en el Gore es que el acceso a la información no es un capricho de periodista sino un derecho que establece que toda persona puede acceder a la información pública en las instituciones del Estado, según el principio regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27006, y que seguro desconoce también el jefe de imagen institucional con título de ingeniero, cuando la ley exige un comunicador para el puesto.

Igualmente, la ley protege el ejercicio periodístico porque este no es más que un nexo entre el Estado y la ciudadanía, por tanto, entorpecer la labor periodística es violar un derecho constitucional del ciudadano al que muchos políticos en campaña, dicen defender y luchar por su bienestar.