La sentencia del juez supernumerario, Raúl Vega, contra el periodista Christopher Acosta autor de “Plata como Cancha”, reabre un encarnizado debate sobre dos temas controversiales en el Perú.
El primero de ellos, la perversa intención que muchos -quienes están o aspiran al poder-, tienen contra la libertad de expresión. Segundo, el poder en sí mismo, al que se aspira o ejerce, sustentado por la corrupción.
No es la primera vez que ciertos jueces con un interés que no es precisamente la justicia, intentan meter presos a los periodistas por divulgar hechos de corrupción o investigar a oscuros personajes.
En el caso Plata como Cancha, la sospechosa decisión del juez crea jurisprudencia para la censura periodística, pues a partir de ahora no se podrá denunciar actos de corrupción o nombramientos indebidos en las instituciones públicas, respaldándose en testimonios, aun si el personaje es público.
Por otro lado, una sentencia gaseosa sin valoración de la jurisprudencia nacional e internacional, solo genera desconfianza y rumores de que, en efecto, detrás de esa decisión estaría la mano de la corrupción, el poder y el dinero.
