Muchos preguntan: ¿Cómo es posible que tres prófugos, dos de ellos sobrinos del presidente Pedro Castillo y un exsecretario de palacio de gobierno, puedan mantenerse escondidos, sin rastro visible para los sabuesos de la Policía? Y ¿Cómo es posible que dada la trascendencia de este caso, que puede incluso desestabilizar al gobierno por lo que saben, la recompensa por su paradero sea de solo 15 mil soles, cuando otros fugados de menor trascendencia tiene un precio de 50 mil por sus cabezas?
Es evidente que para situaciones como estas, en donde se ve involucrada la política y el poder, nuestra justicia se vuelve distraída, lenta y hasta permisible; pues las delaciones de los huidos no solo podría ponerlos tras las rejas sino también dejar al descubierto la intrincada red de corrupción que en el Perú es casi una afición de los políticos y empresarios.
Ejemplos sobran, basta recordar a los ex presidentes y jueces, unos fugados e imposible de traerlos y otros bajo investigaciones interminables y trabadas al punto que fugan los delatores y se pierden los expedientes y el interés en el caso. Ese parece que es el objetivo, porque la impunidad en el país reina.