El fallo del TC acabó en segundos con la ilusión de más de 250 mil trabajadores CAS de lograr la ansiada estabilidad laboral, pero también ha sido un golpe directo al populismo del Congreso, cuyos parlamentarios despertaron expectativa saltándose la norma que establece que el Congreso no tiene facultades para dar leyes que creen o aumenten gasto público.
Es cierto que los miles de CAS que trabajan para el Estado necesitan estabilidad y mejoras laborales, pero esta no se puede lograr sacrificando un principio básico en la función pública: la meritocracia. Las instituciones del Estado necesita talentos y esto se logra filtrando la oferta laboral a través de concursos públicos y transparentes. Solo los profesionales capaces podrán cambiar la mala imagen que hoy exhiben las instituciones públicas.
Una forma de mejorar la situación de esos miles de CAS, es que el Estado empiece por darle mayor impulso a la reforma del servicio civil (Servir), cuyo avance ha quedado estancado, mientras hay más de 400 instituciones estatales a la espera de trabajadores con talento y capacidades destacables que puedan darle un nuevo rostro a la alicaída gestión pública.