Nadie duda que a estas alturas, el proceso electoral está tan cuestionado y amarrado jurídica como políticamente que muchos deben preguntarse si realmente hubo un fraude o no. Especialistas en estudios de mercado, analistas políticos y juristas han hallado patrones de suplantación, falsificación de firmas y difuntos votando, sin mencionar la instrucción expresa de robarse los votos en la mesa.
Frente a esta andanada de evidencias denunciadas y que se complicó más con la declinación de Luis Arce, como miembro del JNE, no queda otra salida que convocar a una auditoria internacional, con entes imparciales como la OEA, para que tercie en la controversia que mantiene en vilo a los peruanos y estado de alerta roja a nuestro sistema financiero.
Una auditoria sería la forma más transparente y legal de legitimar al ganador y salvar esta segunda vuelta electoral. Si Pedro Castillo ganó honestamente, habrá que reconocerlo como tal; pero si hay indicios de irregularidades o de un fraude, se debe convocar a un nuevo proceso. Si todo es legal y honesto como alegan los de PL, entonces, no deben preocuparse, después de todo, quien no la debe, no la teme.
