IEP confirma lo que otras empresas de investigación habían ya difundido hace unas semanas: el alto rechazo de la ciudadanía a la gestión del Congreso y del poder Ejecutivo. Lo preocupante es que el Congreso sigue en picada y termina el año con solo 6 % de aprobación, es decir, solo los familiares y amigos aprueban la labor que hacen los congresistas involucrados en una serie de actos de corrupción y tráfico de influencias.
Lo irónico de esta ecuación es que es este Congreso omnipotente el que aprueba leyes; manipula instituciones o influye en el Ejecutivo que se hace el ‘muertito’ para no contrariar las decisiones parlamentarias. Ambos -legislativo-Ejecutivo-, quieren llegar al 2026; pero, además, seguir en el poder cinco años más y para ello acondicionan normas (ley de partidos, reelección y bicameralidad); infiltran personal en instituciones importantes (TC, Defensoría y van por la JNJ y los órganos electorales).
Dina Boluarte, que encarna al Ejecutivo, no la tiene fácil tampoco. Solo el 8 % de peruanos la aprueban. Es decir, el 92 de encuestados no la quieren porque asocian su mandato a la ineficacia y a la sumisión al poder del Congreso.
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