En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la violencia urbana se ha desbordado en las calles de la región, pasando de los imparables robos de celulares o asaltos a mano armada a la detonación de explosivos en casas y vehículos. El ataque al auto de la Miss Piura y el último, al hermano del gobernador son solo dos casos que no difieren de los atentados con bombas del MRTA o SL por la década del 80-90.
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Las extorsiones haciendo uso de granadas de guerra; disparos a las casas de las víctimas; de bombas molotov o dinamita ya no son solo actos delincuenciales sino acciones de amedrentamiento utilizados por terroristas para mantener en zozobra a la población que como tales, el Estado debe legislar y endurecer más las penas por este delito.
La Municipalidad de Lima aprobó una propuesta de ley en setiembre sobre el terrorismo urbano que presentó al Congreso, sin embargo, han pasado los meses y esta, como otras propuestas para la seguridad ciudadana, siguen archivadas en el Congreso, donde más importante -parece-, es tumbarse al JNJ que defender a los peruanos del tropel de extorsionadores y asesinos.
