El gobierno de Francisco Sagasti acaba de aprobar el reglamento para el registro sanitario condicional de medicamentos, dejando abierta la posibilidad que los laboratorios privados peruanos puedan adquirir y vender la vacuna contra el COVID-19, abriendo con ello una fisura en la norma que establecía que este medicamento debería ser un bien público.
Desde el punto de visto práctico sería conveniente tener la vacuna en centros privados porque facilitaría el acceso al medicamento; sin embargo, la decisión se torna controversial porque solo aquellas familias que pueden pagar una vacuna –que probablemente estará por encima de los US$100.00-, podrán beneficiarse; mientras que aquellos que no tienen posibilidad de pagar deben esperar a que llegue las de distribución gratuita.
Muchos médicos opinan que la dichosa vacuna debe ser considerada un bien público, de distribución gratuita y universal, garantizada por el propio Estado; y no una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda, que podría volverse inalcanzable para sectores populares y de clase media. Solo basta sacar la cuenta de cuánto invertiría una familia de cinco o seis integrantes.
