El reconocido economista consideró como excesivo los S/5.500 millones que el Gobierna estima gastar en el proyecto para el congelamiento de las deudas.
El Congreso aprobó por amplía mayoría un proyecto de ley que facilitaría el pago de deudas a los clientes del sistema financiero golpeados por la pandemia de la COVID-19. Con este documento, la reprogramación de créditos tendría una garantía del Estado para aquellos clientes con calificación de riesgo normal o con problemas potenciales en los casos de créditos de consumo, personales, hipotecarios, vehiculares y mypes. Si bien este programa suena alentador, el economista Jorge González Izquierdo considera que el monto a invertirse (S/5.500 millones) podría causar un problema fiscal en el país.
–Inicialmente, el Congreso estuvo proponiendo un proyecto para congelar las deudas que ponía al BCR como garante.
Sí, es cierto, pero eso ya se descartó, eso ya no va. Ahora se tiene una propuesta mejor y en consenso, una propuesta conjunta entre el Gobierno y el Congreso, es de los dos. Todo lo que se haya propuesto con anterioridad ya quedó sin validez. El nuevo proyecto señala que la garantía aplica si las entidades financieras reducen el costo del crédito en entre 15% y 25%.
–Sí, además, las entidades financieras podrán establecer un congelamiento de las deudas por 90 días, independientemente del programa de garantías, para los clientes que no hayan podido pagar por los últimos tres meses antes de la publicación de la ley. ¿Es un claro beneficio?
Esa propuesta ayuda a aliviar las deudas financieras que un buen número de personas tienen. No se puede decir que no ayuda a nada, como señalan otros analistas. Sí ayuda, pero creo que tiene algunos puntos que podrían mejorarse.
–¿A qué se refiere?
Primero, el periodo de reprogramación lo han puesto entre 6 meses y 3 años. Creo que 6 meses es muy poco. A mi criterio, esto debería ser entre año y medio y 3 años. ¿Por qué? Porque en 6 meses la economía no va a mejorar sustancialmente y los ingresos de las personas tampoco. Mientras que las financieras se tratarán de colgar de los 6 meses.
–¿Qué otras observaciones tiene respecto a los plazos que se han fijado en el proyecto de ley?
El periodo de congelamiento es de 3 meses y yo creo que eso también es muy poco. Aunque el proyecto de ley le denomina “congelamiento”, yo prefiero decirle “periodo de gracia”, entonces el periodo de gracia es muy poco porque en ese tiempo no va a cambiar la situación financiera económica de una familia. El periodo resulta insuficiente y debería ser más pegado a un año, para dar tiempo a que se reactive la economía. Además de que Reactiva 1 y 2 para las empresas tiene un año de periodo de gracia: a mi criterio, es el mismo plazo que debería dársele al consumidor.
–Y con respecto al monto designado para este proyecto de ley, ¿cree que es apropiado o es excesivo?
La tercera cosa que me preocupa es que la ministra de Economía diga que asignarán 5.500 millones de soles, es decir, casi un 1% del PBI para este programa. Es demasiado y complicará la estabilidad fiscal del Gobierno. Hay que reducir ese monto porque se acerca al 1% del PBI y es demasiado, dado que la situación de las finanzas públicas están un poco comprometidas como para agregarles casi un punto porcentual más de gasto mayor.
–De aprobarse la ley con ese presupuesto, ¿podríamos tener una crisis fiscal?
No una crisis fiscal, pero sí dejaría con menos espacio al Gobierno para hacer una política fiscal expansiva en el 2021, que es lo que tanto se necesita.
Por. Andrea Flores Khalil