La quiebra de hoteles y hospedajes en la región debido al cierre de playas, una cuestionable medida iniciada desde antes de las fiestas de diciembre y que no se sabe hasta cuándo se extenderá, deja en el aire a cientos de establecimientos e implica un retroceso en la tan ansiada recuperación del turismo, uno de los sectores más golpeados en Piura y en todo el norte por la emergencia sanitaria.

Si bien son innegables los índices de contagio en la región, no quedan claros los argumentos del Ejecutivo para justificar la medida en estos lugares, en específico. Una buena señal de coherencia del Gobierno, que en las últimas semanas viene enarbolando la bandera del diálogo, sería escuchar las razones de los empresarios que ya se viene organizando -en Talara por ejemplo- para pedir urgentes soluciones y evitar más desempleo.

Dado que la propia premier Violeta Bermúdez ha venido sosteniendo que con las medidas sanitarias frente a la segunda ola, lo que el Ejecutivo busca es mantener un “equilibrio entre el cuidado de la salud de las personas y la economía de las familias”, ¿por qué no atender y evaluar el pedido de la Cámara de Comercio de Piura de lanzar un salvavidas al turismo de playas de Piura y Tumbes, que una vez más ha quedado prácticamente paralizado?

Solo en Talara donde su Patronato Turístico proyectaba la llegada de 20 mil turistas para esta temporada, se registra -según sus dirigentes- una caída de entre 70 y 80%. En unos 400 hoteles de Piura y Tumbes la ocupación es no mayor del 15%, ha señalado el presidente de la Cámara Javier Bereche.

Sin perjuicio a que el Gobierno atienda al pedido de un rescate financiero propuesto por la Camco, es una buena noticia el anuncio y decreto de Produce de que durante las horas de inmovilización social obligatoria (toque de queda) en todo el país se permitirá el servicio de abastecimientos de alimentos y medicamentos por delivery. Es decir, los restaurantes, boticas y farmacias podrán seguir prestando sus servicios de reparto de comida o medicina, durante el toque de queda.

La pregunta es ¿están las municipalidades y la Policía en capacidad de ejercer un control eficiente para evitar que miles de conductores y ciudadanos violen el toque de queda con el cuento del servicio delivery?