El Perú ha caído brúscamente en el ránking de competitividad minera mundial.
En el 2020 el país estuvo en la posición 34 y este año (a abril) ocupa el puesto 42, según el índice mundial sobre competitividad minera.
Si esta caída ya se había iniciado antes de la pandemia -en el 2019 ocupábamos el puesto 24 de 76 paises-, con el actual gobierno y su política claramente adveras para la actividad minera, es de esperarse que el declive de uno de los sectores que más ingresos genera para el país, se acelere mucho más, en perjuicio de todos.
No otra cosa se puede esperar de un régimen incapaz de prevenir y resolver conflictos sociales y que, por el contrario, pareciera interesado en alentarlos al cruzarse de brazos, abandonando a las empresasa mineras a su suerte, negándose a hacer prevalecer el principio de autoridad, como viene ocurriendo en Las Bambas.
En cualquier país democrático, un primer ministro como Aníbal Torres que, debido a su incapacidad y falta de tino, no lograr soluciones a un conflicto que mantiene paralizada a la compañía, generando pérdidas millonarias a la población y al Estado, hace rato que estaría no solo en su casa sino en el banquillo de los acusados, rindiendo cuentas.
Según Augusto Palma, presidente del Simposicio Internacional del Oro, Plata y Cobre realizado esta semana en Lima, si el Perú ejecutara la cartera minera que tiene actualmente, generaría más de dos millones de nuevos empleos formales, lo que supondría casi de inmediato 350,000 millones de soles de ingresos más para el Estado.
¿Por qué estamos desperdiciando está oportunidad irrepetible dado que en el mundo la cotización de los metales se mantiene en altos históricos?
Por razones muy concretas. Por la falta de capacidad de un Gobierno que en lugar de repotenciar el equipo de especialistas en solución de conflictos de la PCM y, más aún, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) que urge de los mejores cuadros por ser un sector clave para generar recursos; prefiere seguir copándolos con funcionarios inexpertos, mediocres que carecen de las capacidades mínimas para atender la complicada agenda del sector.
Medidas como agilizar la inversión pública en zonas mineras o el “canon del pueblo” no servirán de nada, porque también en las regiones el problema no es el presupuesto, sino la ineficiencia de los funcionarios.
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