El presidente Castillo ha dicho que el Congreso ha “mutilado” la Constitución al ponerle candados al referéndum. También ha dicho que la regulación aprobada el fin de semana es “antidemocrática”. Examinemos estos puntos.

El Congreso ha pretendido crear límites ante la posibilidad de que el Ejecutivo busque una salida aparentemente extraconstitucional para llevar adelante su principal promesa de campaña: derogar la Carta Magna de 1993 y darle al país una nueva que permita -en palabras de los representantes, congresistas y militantes de Perú Libre- crear condiciones reales de desarrollo basándose en un enfoque de “justicia social”, de distribución equitativa y de reempoderamiento del Estado como participante activo de la economía nacional, ya sea bajo la figura de árbitro o la de “Estado empresario”, quizás la más polémica. ¿Es real el temor de la oposición? ¿Tiene el Gobierno la fuerza social necesaria y la credibilidad suficiente para impulsar un referéndum para cambiar la Constitución fujimorista? Creemos que no cuenta ni con uno ni con lo otro: en los últimos meses, el propio Ejecutivo se ha encargado de liquidar su prestigio y sus opciones; hoy, con una desaprobación promedio de 60%, difícilmente podría arrastrar a la ciudadanía a un proceso que, aun reconociéndole las mejores intenciones, tendría un desarrollo poco técnico, bastante peligroso y cargado de oropeles y demás adornos ideológicos -es decir, de miopía-.

El cambio de constitución es, probablemente, un estadio histórico por el que debemos pasar, pero este tránsito debe ser técnico, calmo, sin apasionamientos e intransigencias que no son solo innecesarias, sino también peligrosas si el objetivo es construir la estabilidad más general posible. Uno de los grandes problemas del Perú es su vocación autodestructiva, su afán patológico por deshacerlo todo, lo malo y, por accidente, lo bueno. Este maximalismo transformador no solo quebraría la estructura injusta que ha impedido durante años el desarrollo de los sectores populares: también provocaría la ruptura de un modelo de crecimiento sin el cual sería imposible soñar con la ansiada redistribución.
Poner condiciones al referéndum no es antidemocrático en sí mismo -un acto parlamentario, por definición, difícilmente podría ser calificado de esa forma-, pero sí creemos que no era necesario porque el Gobierno de Castillo, en apenas unos meses, ya ha demostrado su incapacidad para mover masas y arrogarse representación política alguna.