En medio del inevitable clima de incertidumbre producto de la crisis sanitaria y económica, el inicio de la licitación de las primeras 18 obras de la reconstrucción (el hospital de apoyo de Chulucanas, los centros de salud de Limón de Porcuya y San Miguel del Faique y quince colegios), abre una innegable luz de esperanza para la generación de empleo y la ansiada recuperación económica de la región.

El propio presidente Martín Vizcarra ha señalado que la inversión pública ayudará a reactivar la economía y en el caso de Piura, lograr este objetivo -según la Cámara de Comercio y expertos consultados-, dependerá principalmente de la Reconstrucción.

Si bien la pandemia trabó la ejecución de al menos 2.627,9 millones en obras, no debe perderse de vista que la inversión pública anual del Estado en Piura se acerca a los 5 mil millones de soles. Este año, la mitad de esto corresponde a Reconstrucción.

La otra buena noticia es que si el año pasado, de los 2.254,3 millones de soles transferidos por Reconstrucción solo se ejecutó el 40,8%. (919,6 millones; este año sí será posible ejecutar el 100% con el esquema G2G.

No solo eso, al seguir esta modalidad, las empresas interesadas en postular a las obras de este primer paquete y a todas las que adopten el esquema G2G, difícilmente podrán cometer actos de corrupción, como copiar expedientes técnicos, falsificar cartas fianza, engañar diciendo que tiene experiencia cuando no la tienen o paralizar proyectos vía demandas arbitrales. Solo se seleccionará las que tengan elevados estándares de calidad, es decir, las que se ciñan al exigente modelo de trabajo del Reino Unido, lo que asegura que no harán retrasos en la ejecución.

La Autoridad para la Reconstrucción ha asegurado que está garantizada la transparencia tanto en los procedimientos técnicos como en la aplicación del cuestionario por parte del comité de selección a los postores, seleccionando solo a los que tengan buenas prácticas de gestión, constructivas y de ética.

Los economistas confían que este primer paquete sea ese gran motor de arrastre que estaban esperando los municipios y el Gobierno Regional para echar a andar sus procesos de ejecución, como las empresas privadas para reanudar sus inversiones.