Como hemos dicho muchas veces en este espacio, la corrupción no solo saquea las arcas del Estado, sino que destruye las aspiraciones de la sociedad. Generalmente, los más pobres son aquellos que experimentan las consecuencias más nefastas de este tipo de delitos. Es lo que ocurre ahora mismo en Máncora (Talara), donde el sueño de tener un hospital moderno se vuelve más lejano.

Así como ocurre con los centros de salud, también pasa con las comisarías, con los centros comunales, los hospitales y otros edificios y equipamientos que la ciudadanía necesita para su desarrollo. En el año 2019, doce meses antes de la pandemia, el país había perdido más de 23.297 millones de soles por corrupción. En el año siguiente, calificado por muchos como el peor de la historia, la cifra llegó a S/22.059 millones; es decir, el coronavirus y su rastro de muerte no sensibilizó más a los funcionarios públicos sino que, en esa lógica del “sálvese quien pueda”, muchos tomaron lo que pudieron del Estado, se robó en mascarillas, en equipos médicos, en transferencias, etc.

A pesar de esto, las leyes que condenan la corrupción no se han endurecido: las penas van de los cuatro a los seis años de cárcel, con la consiguiente inhabilitación. Indignante si lo comparamos con los 20 años que le pueden dar a un ladrón de celulares. ¿Qué más necesitamos para que la corrupción, aquella que destruye sueños y esperanzas de la ciudadanía, sea castigada ejemplarmente? ¿La “muerte civil” ha conseguido disuadir a los delincuentes que, por si fuera poco, se agrupan en bandas organizadas de burócratas que desvían fondos públicos a sus cuentas personales? Necesitamos una verdadera política anticorrupción que impida que un investigado por este tipo de delitos pueda acceder a la función pública y beneficiarse del blindaje que, lastimosamente, hoy proveen las leyes.

Nos preguntamos, sin embargo, ¿cómo es posible fortalecer la lucha contra las malas mañas en el sector público -y en el sector privado también- si desde el poder político no se dan muestras de transparencia y de buena voluntad? La corrupción es un problema estructural que afecta a todas las instancias de la sociedad, y debe ser la entidad representativa de la sociedad -el Estado- el primero en transparentarse.