El Ejecutivo, bajo la dirección de Pedro Castillo y Mirtha Vásquez, ha extremado su papel “neutral” y ha convertido esa neutralidad en conveniente apatía. No es posible que los nuevos paros mineros y el desmantelamiento de la Ley Universitaria ocurran en la cara del Gobierno y este se limite a lanzar tibios comunicados, como si en el fondo deseara que un sector permanentemente beligerante y ciertos empresarios de la educación tomen las riendas en estos asuntos que conciernen a todo el país.

Conviene recordar que ya en la campaña presidencial, Pedro Castillo, se había pronunciado en contra de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) por considerar que le quitaba la posibilidad a muchos jóvenes de educarse. O sea, Castillo, el candidato, pensaba que la educación superior debía darse a cualquier costo, incluso sacrificando la calidad. Lo importante es que cualquier persona pudiera sacar un cartón después de cinco o seis años y luego de haber invertido en una formación dudosa. ¡Mediocre perspectiva! Hoy, Castillo, el presidente, parece dispuesto a trasladar aquella visión a su gestión, pero lo hace dejando el problema en manos del Congreso y de aquellos personajes para quienes la educación siempre fue únicamente un negocio. Una pilatesca lavada de manos bastante conveniente para poder traerse abajo la reforma universitaria sin aparecer como protagonista de este atentado al progreso nacional.

Lo mismo ocurre con la minería: ni el mandatario ni el gabinete hacen algo para impedir que los bloqueos y otros conflictos alcancen niveles de peligrosidad bastante altos. Simplemente, replican la táctica de desentenderse del tema. Es decir, aplicar la táctica de “pescar a río revuelto” en favor de las masas convertidas en simples instrumentos políticos que hacen el trabajo sucio que el Gobierno teme ejecutar. ¿Es sostenible esta política basada en la conveniente indiferencia, en la propicia apatía? Creemos que no, que tarde o temprano este modelo traerá consecuencias indeseadas para el país: no solo se trata de la fuga de capitales, del cierre de las operaciones mineras con sus efectos sobre la economía en plena crisis sanitaria, sino del clima de conflictividad social que se habrá generado y que en cualquier momento podría conducirnos al desgobierno.