Quienes representan en el Congreso la “resistencia del espíritu del 9 de noviembre”, es decir, los congresistas vacadores, incluidos los supuestamente arrepentidos y los que se niegan a reconocer errores y el daño causado al país, han vuelto a las andadas.

En la noche del último miércoles 25, el Pleno del Congreso aprobó con 114 votos y 6 abstenciones, derogar el Decreto de Urgencia (DU) 014-2020, que regulaba las disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público.

Según este DU, las entidades públicas debían participar en los procesos de negociación colectiva bajo principios como la buena fe de negociar, la previsión y provisiones presupuestarias, así como la responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

En otras palabras, daba las reglas generales para la realización de estos procesos, disponiendo además que el MEF emita informes económicos financieros sobre los pliegos de reclamos. Solo a partir de estas opiniones se podían iniciar las negociaciones entre las partes.

Sin embargo, para el tristemente recordado Omar Chehade (de Alianza para el Progreso), presidente de la Comisión de Constitución, había que derogar el DU 014-2020 porque “prioriza los principios presupuestarios de manera unilateral, excesiva y desbalanceada”.

Nada más alejado de la realidad. Se trata de un gran retroceso, nuevamente volvemos a carecer de un marco jurídico claro, volveremos a los arbitrajes altamente perjudiciales para el Estado.

Gracias a este Congreso, ahora la negociación favorecerá más a los trabajadores, en perjuicio de las entidades públicas y de los ciudadanos. Y es que estas iniciativas -según Servir- no solo generan mayor desorden en el Estado, sino que ponen en grave riesgo la sostenibilidad financiera del país.

En tal sentido, otro DU que debería prevalecer es el 026-2020 que garantiza un ingreso ordenando de los servidores al Estado, respetando la igualdad de oportunidades, mérito, interés general y provisión presupuestal. Sin embargo, las reposiciones judiciales en diversas entidades no respetan estos criterios, perjudicando los exiguos presupuestos de las entidades públicas.