El Congreso no se puso de acuerdo sobre la nueva Ley Agraria y el país está nuevamente convulsiona do por manifestantes que han tomado la Panamericana y pretenden imponer sus condiciones a un Gobierno voluntariamente paralizado ante los problemas.

Uno de los últimos mensajes del presidente Sagasti -“gobernaremos con modestia y humildad”- grafican la pasividad del Ejecutivo frente a los intentos de diversos sectores de cosechar beneficios del caos. Urge hallar una salida, una salida que reconozca, por un lado, que los abusos en el rubro agroexportador existen pero pueden ser remediados, así como también comprenda que la seguridad jurídica, las reglas de juego claras y justas crean un entorno amable y prometedor para las necesarias inversiones que se traducen, principalmente, en miles de empleos. La inversión y la justicia no están radicalmente disociadas, sino que una puede ser beneficio de la otra.

No obstante, el Gobierno no puede ser eternamente blando con quienes exceden su derecho a la protesta y se convierten en criminales que bloquean carreteras e impiden el libre tránsito. Esperamos del presidente Sagasti medidas justas para liberar las vías y echar mano de los vándalos que también son responsables de la violencia.

Se ha vuelto una pésima costumbre dañar la propiedad pública y privada ajena para imponer un punto de vista o un reclamo. La democracia es precisamente lo contrario: es escuchar al otro, es dialogar; es conflicto, pero no crueldad. Una transición tranquila, como la que espera concretar Sagasti, solo puede lograrse sobre la base del respeto a la ley y al derecho del prójimo.

Esperamos que el Congreso pueda dar una solución legislativa -la única posible- y que dicho producto sea motivo de hacer justicia a los trabajadores de las agroexportadoras y diseñe un esquema legal atractivo para la gran inversión. A los empresarios de este sector tan importante les toca comprender que las riquezas deben crecer equitativamente para todos los componentes del negocio; a la ciudadanía y al Estado les corresponde entender que no se puede crear bienestar sobre la nada; es decir, sin inversión capaz de crear empleo y ofrecer servicios. Idear un conjunto de reglas equilibrado será el punto de partida para la participación de todos en la riqueza nacional.