La inseguridad en Piura puede explicarse por la concurrencia de dos factores: las causas estructurales de la desigualdad y la ineficiencia del poder para rediseñar el blindaje social. 

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La desigualdad no se reduce a la maniquea oposición ricos-pobres, sino que es un asunto más complejo: la delincuencia, como la violencia en general, nace de eventos como la limitación de oportunidades, la imposibilidad de inserción en la formalidad -en la ciudadanía-, la desvalorización del otro, incluso el demonizado resentimiento, sobre el cual tenemos, como sociedad, una discusión y reto pendientes. Es claro que, ante la complejidad de la existencia, la delincuencia se presenta solo no como una revuelta contra la legalidad, sino como una “opción”.

La disolución de los valores contribuye a que el robo, la extorsión, el sicariato, el homicidio por cualquier causa, se convierta en la vocación de algunos. Los que, a partir del crimen, han logrado construir organizaciones y hasta imperios delictivos, acogen y brindan un espacio a las nuevas promociones de descartados. 

Por ello, el siguiente factor ha sido un cúmulo de negligencias: el Estado no puede dedicarse única y exclusivamente a la solución con plomo, sino que es preciso el rescate de la juventud. Al “Tren de Aragua”, a “Los Gallegos” y a todas las bandas extranjeras y nacionales que son una piedra en el camino al orden, el progreso y la verdadera inclusión, hay que aplicar la ley, y la ley reconoce el derecho a disparar. ¿Pero qué hacer una vez que esa lacra haya sido derrotada? ¿Cómo impedir o al menos controlar el surgimiento de nuevas generaciones dispuestas a tomar la posta y superar la valla de los criminales? Comprendiendo los mecanismos de la desigualdad y la necesidad de crear canales de acogida y rescate social de nuestra juventud podremos crear una sociedad de valores viables. 

Es necesario romper algunos moldes, pensar con nuevas perspectivas y mirar más allá de las emergencias que, como ha quedado demostrado, han sido una exhibición de promesas vacías, un fracaso desde lo táctico y lo operativo. Encima de ello, se trató de una emergencia “misia” pues las municipalidades no han recibido nada y Piura, a pesar de que el 24% de los habitantes de la región ha sido víctima del hampa, está en el séptimo lugar de presupuesto para seguridad.