En general, el primer Mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo parece un claro intento de desmarcar su futura política de cualquier influencia extremista.

Muy distante de las palabras de un sospechado comunista, el discurso de Castillo habla de respetar la propiedad privada, de valorar a la minería como actividad tradicional en el país y de reconocer la racionalidad de no intervenir en las grandes líneas económicas. Tampoco es el mensaje de un liberal: el nuevo presidente nos muestra una intención política de balancear el legado de tres décadas de necesario crecimiento macroeconómico con la reparación de las “injusticias” creadas por este sistema durante las mismas décadas, además de otras herencias históricas que los anteriores gobiernos no han atendido.

¿Podrá lograrse este equilibrio? ¿Permitirá la oposición -que hasta hace una semana acusaba a Perú Libre y a los entes electorales de fraude- que la nueva administración tenga tiempo para ensayar sus teorías? ¿Cuál será la posición de la izquierda más recalcitrante que, probablemente, se siente traicionada luego de escuchar a Castillo? ¿Cerrón se quedará quieto como ha prometido o buscará extender su influencia más allá de los congresos de Perú Libre?

Es muy pronto para responder a estas interrogantes, aunque describen un posible escenario en que el gobierno no tendrá tregua, por lo que sus próximas acciones no deberían despertar sospechas ni recelos de una u otra parte. Un nuevo periodo de división y desencuentro entre los peruanos es lo que menos necesitamos cuando se avecina una tercera ola y la reactivación económica debe darse sobre suelo seguro.

En ese sentido, insistimos en afirmar que temas como la Asamblea Constituyente o la nueva Constitución -que Castillo promete dejar en manos del Congreso, retractándose de su idea de ir al referéndum- no deben ser prioritarios en la agenda política. Si el Gobierno reconoce la validez del crecimiento de los últimos treinta años, logrado al amparo de la Carta Magna vigente, debe continuar con ella como eje del ordenamiento jurídico peruano.

Que se hagan las reformas necesarias, pero que no ceda al capricho de algunos “consejeros” que no miran más allá de sus consignas ideológicas. El gobierno del Bicentenario debe ser racional y mesurado.