En octubre próximo, en todo el país se elegirá a los gobernadores y alcaldes para el periodo 2023-2026; y mientras los precandidatos ya están en campaña, las reglas de juego no están aún muy claras; pues los movimientos regionales podrían quedarse sin participación debido a un proyecto de ley que, de aprobarse, solo permitiría la participación de los partidos políticos con inscripción vigente.

Si bien es cierto que los movimientos regionales han logrado posicionarse en todo el país, también es verdad que han sido utilizados para formar caudillos que han visto en las arcas regionales un botín, como lo señala el exparlamentario Miguel Guevara Trelles.
En el Perú la mayoría de gobernadores y alcaldes presos pertenece a movimientos regionales, caso Cajamarca con Gregorio Santos, Félix Moreno, César Àlvarez, entre otros. También los que están con orden de captura como Wilmer Dios Benites.

Sucede lo mismo con los alcaldes. En Piura lo hemos visto recientemente con Humberto Marchena y su hijo Baldomero.

Esto no quiere decir que las autoridades que pertenecen a partidos políticos no caigan en corrupción, pero tienen mayor formación y saben lo que deben hacer al llegar a ocupar cargos públicos. En las regiones, la formación de movimientos políticos ha empezado con la reunión de un grupo de amigos que luego se sienten dueños de la agrupación, pero nunca se preocupan por la formación política y gerencial para cuando lleguen al poder. Por ello vemos autoridades que no saben cómo designar a sus gerentes, que no conocen la forma de manejar los recursos públicos y terminan decepcionando a sus votantes.

Sin embargo, el proceso electoral ya está en marcha y cambiar las reglas de juego ahora, significa negar la participación a quienes no tienen posibilidad de afiliarse a un partido político.

Esto le daría ventajas a los militantes de los partidos inscritos. Esta norma debe trabajarse con calma para el futuro, de tal forma que los partidos políticos se fortalezcan y hagan un mejor trabajo en las regiones.