Es indignante que mientras los ciudadanos, el sector privado y el Ejecutivo hacen denodados esfuerzos por empujar el carro de la reactivación económica, incluido el inicio del proceso de vacunación, en el Congreso un puñado de “padres de la Patria” (integrantes de la Comisión de Trabajo y Economía) hayan vuelto a la carga, a hacer lo que más saben: perjudicar la economía de los peruanos, bajo el argumento de ayudar a los ciudadanos más vulnerables de esta crisis económica y sanitaria.

A pocos días del jalón de orejas del TC al Congreso al declarar inconstitucional la ley demagógica de la ONP, el Legislativo, en lugar de enmendarse, a través de este grupo de trabajo acaba de aprobar el dictamen que propone el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

Para nadie es un secreto que la pandemia ha incrementado en el país la probabilidad de perder el empleo. De modo que, de aprobarse el retiro de la totalidad de este ahorro (es casi seguro que el Pleno también lo haga), el gran riesgo es que muchos ciudadanos no lo utilicen bien y, al quedar desempleados, no tengan cómo sobrevivir durante el tiempo que les tome obtener otro trabajo.

No cabe duda que la propuesta vulnera la naturaleza misma de la CTS que es servirle, a futuro, al trabajador como un seguro de desempleo. Ya es una costumbre en algunas bancadas de este Congreso expresar una falsa preocupación por los peruanos más débiles y afectados por la crisis, para ocultar una perversa maniobra política que termina perjudicando a quienes ofrecieron favorecer.

En los pocos meses que le quedan a este parlamento, un propósito de enmienda es casi improbable. Las tiendas políticas que respaldan a los defensores del populismo ya han demostrado que son capaces de llegar a todos los extremos de irresponsabilidad posibles.

Quienes sí están en condiciones de cambiar el curso de la historia son los ciudadanos, no solo el próximo 11 de abril, sino ahora ejerciendo presión sobre las autoridades de turno y también sobre los candidatos al Congreso y a la Presidencia, exigiéndoles dejar de lado el populismo y el show político, dedicándose a legislar leyendo la Constitución y (los candidatos) a proponer en campaña, soluciones viables a los reales problemas ciudadanos: empleo, salud, economía y lucha contra la corrupción.