Ha tenido que pasar más de una semana para que el Congreso, mejor dicho los defensores de la vacancia expres del presidente Vizcarra, entiendan que no son ni jueces ni fiscales para decidir si el jefe de Estado es culpable o no.

El país se habría evitado tantos días de incertidumbre ante el riesgo de un salto al vacío en la lucha contra la pandemia y la crisis económica, si los padres de la Patria se informaban más y entraban en razón, como finalmente lo hicieron ayer muchos de ellos, ante la presión social, los argumentos del abogado presidencial y los del propio Martín Vizcarra.

Por lo menos hasta el cierre de esta edición, eran cada vez más los legisladores que finalmente desistían del desastre que estaban a punto de causar, al enterarse de las gravísimas implicancias sociales, sanitarias y políticas que una vacancia -y hasta un vacío de poder- implicarían para el país, más aún cuando afrontamos una de las peores crisis económicas de nuestra historia republicana. el escándalo que mella la imagen democrática del país, si los golpistas (aunque quieran negarlo) hubieran entendido desde un inicio que la democracia y el Estado de Derecho no se miden solo con votos, sino además con argumentos sustentados en el marco constitucional. No hacerlo, como pretendieron persistentemente el señor Manuel Merino y el investigado congresista Edgar Alarcón, implica el riesgo de abrir un cauce a la arbitrariedad.

Tras largas horas de reiterartivos calificativos e insultos los legisladores no lograron responder ayer ¿cuál es el delito cometido por Vizcarra? Y aunque lo hubieran hecho, sería poco serio aprobar una vacancia presidencial sin una investigación a cargo de las institituciones competentes (Ministerio Público y el Poder Judicial), la que solo puede concluir después que el primer mandatario deje el cargo en julio 2021. Mientras tanto, lo que diga un congresista o cualquier ciudadano carece de valor en materia penal, dado que en el país no existe la figura del juicio político.

Al cierre de esta edición no había concenso para alcanzar los votos necesarios para aprobar la vacancia. Sin embargo, al margen del desenlace, el primer mandatario  debe saber que nada, ni la peor crisis, justifican que se rodee de personas de dudosa catadura moral, menos que le mienta al país o intente obstruir la justicia.