Cuando observamos los hechos políticos, debemos preguntarnos por las motivaciones, sospechar de los móviles, desconfiar de las intenciones. ¿Por qué querría sacar el Gobierno al Ejército a las calles -una medida que por ahora se aplicará solo en Lima y Callao pero que es pedida por las autoridades de estos lares-, precisamente cuando la crisis política es aguda y la vacancia es mucho más que una posibilidad teórica?
No estamos diciendo que el presidente Castillo pretende bloquear la acción del parlamento sacando los tanques, al estilo de lo sucedido en los 90, pero sí creemos que la medida, supuestamente diseñada para combatir la delincuencia, podría tornarse en un indeseado instrumento de control si la ley no es clara al respecto. En este país todavía rige la Constitución y las leyes, así que toda acción política, incluso aquellas que conllevan la militarización de las calles, deben supeditarse a los textos que fundamentan nuestra democracia.
Está en manos del Congreso impedir que esta nueva norma ponga en peligro la estabilidad democrática, de por sí precaria y aún no recuperada de los últimos cinco años de crisis permanente. Lo que menos necesita el Perú es que, bajo el manto de la preocupación por la seguridad, se pretenda reforzar la legitimidad del actual régimen recurriendo a la violencia.
Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, es comprensible que la medida se aplique en la capital y el primer puerto, zonas asediadas por “marcas”, secuestradores, sicarios y delincuentes de poca monta a un grado que supera las fuerzas policiales -mucho más cuando la debilidad viene desde la cabeza del Ministerio del Interior-, pero parece que este tipo de soluciones extremas son del gusto de nuestras autoridades locales, las que sin reservas han pedido que el Gobierno vacíe los cuarteles y ponga a los militares “a la orden de un policía” como si esto último fuera posible. Más bien parece un pretexto para poner sí o sí soldados en cada esquina. ¿El militar, entrenado para disparar a matar y para la indolencia, consentirá en ponerse a las órdenes de un uniformado limitado estrictamente por los derechos civiles? Creemos que ello es difícil y que, de aplicarse, conllevará a múltiples problemas de autoridad que en modo alguno contribuirán a la lucha contra la delincuencia.
