Editorial: Urgen reformas para frenar la corrupción
septiembre 7, 2023
Autor: Victor Palacios

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Gracias a ciertos ladinos funcionarios públicos, Piura ocupa el primer lugar en el ranking de la corrupción a nivel nacional. Solo el año pasado, a consecuencia de delitos cometidos en diversas entidades públicas, la región perdió S/. Mil 189 millones.

En plena crisis sanitaria e inestabilidad política la tierra de Grau se ha constituido para la Contraloría General de la República en el principal motivo de preocupación debido a las cantidades millonarias que el Estado sigue perdiendo debido a cada vez más “servidores” que sin ningún escrúpulo lucran con los fondos públicos.

No solo eso, cuando más se necesita impulsar la inversión pública para recuperar el empleo y dinamizar le recuperación económica, hay mayor lentitud en hacer obras públicas. Es indignante que a seis meses del 2021 el nivel de ejecución de proyectos del Estado (incluidas obras del Gobierno Central, municipios y GORE) sea de solo 28%, lo que implica que el próximo año se otorgará menos presupuesto para Piura.

A la reiterativa inconducta de los funcionarios públicos que insisten en hacer lo que les da la gana aprovechando las debilidades de las normas y la estructura misma de las entidades públicas, se suma una preocupante cultura de la corrupción y, por si fuera poco, aumentaron los funcionarios ineficientes, producto de alcaldes o autoridades regionales que convierten a las instituciones del Estado en agencia de empleos, para pagar favores políticos.

Si no son las garras de los ladrones con fotocheck del Estado, son los funcionarios ineptos que, excepto llenarse de plata con sueldos injustificados, frenan el desarrollo al cruzarse de brazos pese a tener presupuesto, por miedo a la Contraloría o procuradurías.

Esto tiene que parar y si bien es un gran paso que el ente de control haya iniciado un megaoperativo, determinar cuántos millones fueron desfalcados y quiénes son los responsables, no curará el cáncer de la corrupción. No si no se hacen reformas profundas a las normas sobre el uso de recursos y las facultades de alcaldes y gobernadores.

Urge que estas autoridades estén sujetas a una segunda instancia fiscalizadora y deliberante en la que tengan participación los regidores e incluso los ciudadanos. No pueden seguir ejerciendo un poder absoluto sin balances, sin límites ni instancias superiores.

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