Luego de 600 días sin pisar las escuelas y de no socializar al dejar de tener contacto físico con amigos o habiendo perdido muchos de ellos a sus abuelos, padres, tíos o vecinos, miles de escolares enfrentan un inevitable impacto negativo en su salud mental que debería ser tomado en cuenta por parte de las autoridades responsables del proceso de retorno gradual a clases presenciales el próximo año.
Si desde antes de la pandemia en el mundo los problemas de salud mental ya estaban en aumento debido al excesivo uso de los dispositivos móviles, entre otros factores, dos años consecutivos de mascarillas, crisis sociales, sanitaria e incertidumbre por el futuro inmediato, han disparado la curva de enfermedades mentales, siendo los jóvenes y adolescentes uno de los grupos etarios más vulnerables.
La Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación de Hospitales de Niños y la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente acaban de lanzar una alarmante declaración. Advierten que en Estados Unidos la crisis de salud mental entre los niños se ha convertido en una emergencia nacional con motivo del estrés provocado por la pandemia de la COVID-19.
¿Cuál será la situación en el Perú y en Piura, donde a pesar de los numerosos índices de acoso escolar, bullying, estrés y ansiedad por violencia familiar, los sicólogos contratados para atender a los escolares son contados con los dedos en colegios estatales y privados? ¿Cuánto aumentaron estas cifras luego de 19 meses de medidas restrictivas?
Por ahora no existen estudios actualizados al respecto, pero es innegable que miles de escolares requieren urgente ayuda y no la están recibiendo debido a los deficientes servicios del sector Salud y al elevado costo de las consultas y tratamientos (con sicólogos o siquiatras). Recibir ayuda es algo simplemente inalcansable para la mayoría.
En lugar de seguir jugando con el futuro de la población escolar lavándose las manos sobre sus responsabilidades en el delicado proceso de vuelta a las aulas, los funcionarios de la Diresa y Drep, deberían preocuparse desde ahora por gestionar ante el GORE o ante el Ministerio de Educación los presupuestos y el personal idóneo para garantizar a los educandos oportuna ayuda especializada y acompañamiento en esta nueva y difícil etapa.
