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Pero por encima del hartazgo y el enojo, reina en nuestras mentes la confusión: ¿qué fue aquello que vimos por la televisión, cuando un grupo de policías reducía a 28 delincuentes extranjeros, todos armados, con granadas, con marihuana, con “tusi” -o “cocaína rosada”, una droga que eleva el estado de ánimo e induce a la manía, estupefaciente ligado a las fiestas de élite y la prostitución de alto vuelto- y otros elementos delictivos, en el búnker de Pachacámac? ¿Fue un montaje? ¿O un ejemplo más de que en el Perú operan traidores en las sombras, manipulando a su antojo a jueces, fiscales y policías?
Para el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios, una de las unidades que participó en el operativo del 21 de noviembre, hay traidores. La ciudadanía tampoco duda de ello -aunque extiende sus sospechas, incluso, a la misma Policía-. Quizás para la PNP, su lucha no solo es contra los delincuentes de las calles y mafias visibles, sino también contra el aparato de justicia, absurdamente garantista e incapaz -¿incapaz a propósito?- de llevar con seriedad una investigación que debería estar a cargo, en todo momento, de la Policía. Los agentes son formados para ello; los fiscales -que a veces parecen los guardianes de los derechos del detenido- y los jueces, que derriban el arduo trabajo contra el hampa, no son especialistas de nada. ¿Será posible volver a cazar a aquellos malvivientes extrajeros que, desde el 4 de diciembre, han sido liberados paulatinamente, aprovechando la media luz de los pasillos institucionales? Probablemente, no.
