La Fiscalía ha dicho que no hubo fraude en las elecciones presidenciales. La declaración causa suspicacias pues, como lo ha dicho sin pelos en la lengua el excongresista Jorge del Castillo, “la Fiscalía apoya al lápiz”.
No nos referimos a este caso en concreto, pero sí a los episodios recientemente ocurridos en los que el favoritismo al mandatario es innegable: la postergación hasta el final de su mandato de las pesquisas por presunta corrupción es, quizás, el ejemplo más claro de lo que afirmamos.
¿Quiere decir esto que la Fiscalía también ha actuado en pared con el partido de Gobierno o con el presidente mismo para sepultar de una vez y para siempre la trama del fraude?
Conviene responder reflexionando antes si no es posible que haya movimientos de intereses entre los diferentes entes del Estado, como se ha visto a lo largo de nuestra historia.
Es posible que la verdad no sea la que el archivamiento del caso pretende establecer, como también es posible que lo resuelto sea cierto y no haya ningún impedimento para reconocer la legitimidad de esta gestión.
Trabajar sobre esa posibilidad podría significar una modificación profunda de la táctica que hasta ahora ha mantenido la oposición: ¿puede ser el principio de una época de colaboración que, por un lado, refuerce la estabilidad y por otro, replantee el control político más como un esfuerzo para que el sistema democrático se transparente, y no como un ardid golpista -tal cual lo plantea la narrativa adversaria-?
En medio de estas noticias que causan gran malestar en un sector de la ciudadanía, hay cosas buenas que resaltar, como la caída de la tasa de desempleo hasta el 2026, un indicio de que ciertas cosas, a pesar del caos y de ciertas negligencias en el Ejecutivo, han conseguido mantenerse.
Sobre ellas se puede construir no un futuro, sino un presente que permita recuperarnos en todos los sentidos posibles y nos ayude a ver la historia menos como una dicotomía invencible, y más como un reto de las diferencias que estamos obligados a resolver para garantizar la sostenibilidad de nuestra bicentenaria república.
Aún así, las cosas deben hacerse con activo rol fiscalizador: el ciudadano despierto, vigilante y crítico es el pilar de la sociedad.