Gracias a las acciones turbias de un grupo de exfuncionarios de la actual gestión regional, Piura ha vuelto a ser noticia a nivel nacional como la región donde aparentemente es normal que la Policía y la Fiscalía ingresen en busca de pruebas de corrupción en las instalaciones del Gobierno Regional.
¿Cuánto de esa inevitable imagen de sociedad gobernada por corruptos es cierta? Es urgente saberlo y para ello deben salir a relucir los buenos funcionarios, alguna reserva moral debe haber. Ojalá lo hicieran y, dando todas las facilidades a la Policía y Ministerio Público, permitieran de una buena vez barrer y purgar una institución que debería ser sinónimo de autoridad, transparencia y moral.
Debería ser así, pero justamente quienes delinquen tratan de no dejar rastro y ponen trabas a la ley y a la prensa o simplemente callan.
Delitos como el de aquella mafia que, contando con apoyo de malos funcionarios ahora presos, no le importó dejar a Máncora sin centro de salud para apropiarse de casi 4 millones de soles al dárselos como “pago” a un consorcio que presentó cartas fianza falsas; debería ser un punto de quiebre entre la podredumbre y una nueva era. Lo peor que le puede pasar a la tierra del Caballero de los Mares, de la honradez y del sacrificio, es normalizar la corrupción.
Ese mañana mejor, con más agua y desagüe para todos, carreteras bien hechas, con postas y hospitales equipados y modernos, con colegios seguros, etc., no llegará si como sociedad seguimos esperando que todo lo haga el azar; o que nuestra indignación se agote en un simple posteo o tuit.
Esperar que el magistrado José Jiménez Moscol, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, encargado de dirigir ayer la intervención de la Oficina de Abastecimiento y Tesorería del GORE, lo arregle todo como acto de magia, es imposible. Sus investigaciones -que ojalá permitan sanciones ejemplares- son solo una pequeña parte de la gran tarea que nos compete a todos: definir de qué lado estamos.
Solo si usted que lee este diario o visita nuestra web, sus vecinos, los colectivos, juntas vecinales, universidades, colegios profesionales, ONG, Defensoría, Contraloría y demás nos unimos, podremos separar la paja del trigo en las instituciones públicas. ¿Cuánta basura queda por barrer?
