Es de esperar que, en los próximos días, tanto el Gobierno como el Congreso intentarán capitalizar el tema de la inminente extradición del expresidente Alejandro Toledo para desviar la atención sobre temas gravitantes para el futuro del país en los próximos meses y años.
Este martes, el departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo y le ordenó entregarse, allanando así el camino para que enfrente en Perú las acusaciones de corrupción vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht.
El expresidente está acusado de aceptar unos 35 millones de dólares en sobornos vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Los fiscales peruanos lo demandaron por confabulación y lavado de dinero y la justicia peruana busca extraditarlo desde 2018. Toledo fue detenido en Estados Unidos en 2019.
Todo parece indicar que el líder de Perú Posible esta vez no podrá evadir más a la justicia peruana y, por el bien del país, debe ser sancionado con las penas que la ley contempla por sus graves delitos de corrupción. Ello permitirá dar a los peruanos y al mundo un claro mensaje de que nuestra democracia y el sistema de justicia funcionan y nadie está por encima de la ley.
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El caso Toledo debería llevar a reflexión a los peruanos, en especial a las autoridades y partidos políticos, acerca de la necesidad de poner fin a un negro periodo de nuestra vida republicana. Desde que empezó este milenio, casi todos los presidentes peruanos han terminado presos, fugados o, cuando menos, manchados por las sospechas de corrupción.
Pero también es importante no cerrar los ojos a la realidad, y es que la extradición de Toledo llega cuando el país enfrenta una complicada situación política y social, en la que las cortinas de humos y los escándalos mediáticos como este, podrían ser usados para camuflar quién sabe qué “cuchipandas”, como el menú de más de S/80, el tiro de gracia a la Sunedu y, lo más grave, allanar el camino para que la casta política se quede hasta el 2026.
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