Un perjuicio económico equivalente a S/ 1.115 millones ocasionaron las demoras en la contratación de servicios y ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios en la nueva Refinería de Talara. Este es el preocupante hallazo logrado por Contraloría mediante una auditoría de cumplimiento a Petroperú, según expuso ayer en conferencia de prensa el contralor Nelson Schack.
Si bien en los últimos años diversos especialistas han venido advirtiendo sobre el encarecimiento de la obra de la nueva refinería, lo advertido por el máximo ente de control va más allá que un simple cuestionamiento. Tiene que ver con una presunta responsabilidad administrativa y civil por parte de 44 funcionarios y exfuncionarios de la petrolera estatal.
Mediante la acción de control se ha encontrado problemas como tercerización sin análisis, dos contrataciones directas fallidas y propuestas rechazadas que demoraron la ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios generando así millonarios sobrecostos al Estado. Como resultado de demoras en la contratación oportuna del componente de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del Proyecto de Modernización, se originó y se originarán gastos y pagos adicionales a contratistas y proveedores.
A Petroperú, cuyos funcionarios prefirieron ayer no pronunciarse, Contraloría les recomienda iniciar las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los actuales funcionarios, servidores y exservidores de la empresa comprendidos en la auditoría.
Se trata sin duda de una de las auditorías más importantes de Contraloría General, la que ojalá ayude a evitar perjuicios similares y a mejorar los filtros en la petrolera para un mejor uso de los recursos.
Estamos ante una muestra más de la eficiencia del ente de control, sin la cual no saldrían a luz muchas faltas y/o delitos de autoridades diversas, incluidos alcaldes y gobernadores y exgobernadores como Vladimir Cerrón en cuya región Junín hay 129 obras paralizada por más de mil millones.
De allí la importancia de fortalecer al ente de control en lugar de crear un organismo paralelo de supervisión a las municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y entidades, como pretende el presidente de la República.