Las investigaciones sobre los hechos de corrupción que involucrarían al presidente de la República, ministros, congresistas y empresarios, tendrán un innegable avance con las revelaciones de la empresaria Karelim López. Sin embargo, dados los altos niveles de corrupción, quedan fundadas dudas de que el Congreso ayude realmente a esclarecer la verdad.

Hacerlo sería aceptar que sus colegas, “los niños”, son culpables, pero esta aceptación es muy poco probable teniendo en cuenta el modus operandi de la corrupción enquistada en algunas agrupaciones políticas y en el mismo régimen actual. No solo eso: no se debe olvidar que está pendiente la cuestión de confianza y que, por lo menos antes de las revelaciones del sábado, muchos legisladores estaban dispuestos a favorecer a Castillo con tal de asegurar sus curules y sus sueldos.

Medio año de blindaje al impresentable Juan Silva es razón más que suficiente para sospechar que en el Legislativo hay más congresistas sin agallas, captados para venderle votos a Castillo por lo bajo, a cambio de dádivas.
Si antes de las revelaciones de su amiga lobista, a Castillo no le importaba cuán pésima era su selección de ministros para luego ser testigo pasivo del desmantelamiento de las instituciones por la salida de los mejores profesionales, reemplazados por los peores; ahora que estalló la pus es fácil deducir que será capaz de cualquier cosa con tal de librarse de la vacancia y de la cárcel.

Por lo menos en el caso de bancadas como AP y las que han venido jugando en pared para blindar al saliente Juan Silva o para petardear la reforma universitaria, ¿por qué tendríamos que confiar que ahora sí defenderán los intereses del país?

¿Qué otras condiciones le está poniendo en secreto Vladimir Cerrón a Castillo para seguir protegiéndolo desde el Congreso? De hecho ni siquiera el escándalo de estos días evitó que entre gallos y medianoche se nombre el lunes a un cuestionadísimo primo de Cerrón como jefe de imagen del Ministerio de Energía y Minas.