Se han vuelto virales las imágenes de un frutero que es intervenido en el centro de Chiclayo por el serenazgo. La intervención fue tan violenta que las frutas terminaron en la pista, mientras el humilde vendedor observaba impotente la pérdida de su mercadería.

No es la primera vez que vemos situaciones similares: en casi todas las provincias el celo por el cumplimiento del deber roza el fanatismo y pronto se convierte en abuso. Lo peor es que, a pesar de la demostrada injusticia de muchas de estas acciones, no hay reparación para los afectados.

En este punto, seguramente muchos lectores se preguntarán si El Tiempo ha cambiado de parecer y ahora defiende la informalidad. No, lo que hacemos es defender la justicia, que significa que incluso las sanciones deban ser administradas de acuerdo a la magnitud de la infracción y lo estipulado en la ley, y no basarse en cualquier subjetividad, como el mal humor en verano de los agentes municipales; quizás el frutero del video viral infringía alguna norma, pero la destrucción de su medio de supervivencia no puede ser justo ni lógico.

¿Se puede entender que la mejor forma de acabar con la informalidad sea privando a una persona de su autoempleo; es decir, reduciéndolo a la mendicidad, orillándolo mediante la marginación a la indigencia, la insanía o el crimen?

Es preciso revisar la manera como se entiende la justicia en nuestro país, principalmente la justicia económica: la informalidad a nivel nacional ha superado el 70%; esto quiere decir que siete de cada diez personas que trabajan lo hacen por su cuenta, bajo su propio riesgo, sin seguro, sin feriados, sin jefes, sin estímulos ni gratificaciones.

En paralelo a esto, el proceso de formalización de un negocio se burocratiza innecesariamente: en el Perú el costo promedio de los requisitos para inscribir una empresa es de US$355 (más de 1.100 soles), y el trámite toma alrededor de dos meses. En Chile, los pasos se cumplen en un día y el proceso cuesta solo 16 dólares.

Con semejante valla, ¿es justo perseguir al autoempleo de manera tan feroz? Hay que ordenar las calles, sí, pero no al costo de destruir el empleo que el Estado, a pesar de las promesas de este y anteriores gobernantes, ha sido incapaz de proveer. La justicia, recordemos, va acompañada de acciones que permitan trabajar en condiciones dignas y no bajo el engaño de una economía piltrafuda a la que llamamos “emprendimiento”.