El Perú se debate entre la impotencia de ver a un Congreso que sigue renunciando a su deber de ejercer control político y destituir al presidente, y que tiene una cifra récord de razones para ser vacado o acusado constitucionalmente; y un Pedro Castillo que sigue sin deslindar con su entorno corrupto (exministro Juan Silva, Bruno Pacheco, sus sobrinos, Villaverde, “Los niños”, etc).

Mientras a la mayoría de peruanos nos asquea y decepciona ver las ingentes cantidades de dinero que el país pierde día a día por la corrupción y la ineficiencia de la actual gestión- que, entre otros perjuicios, no puede o no quiere resolver los conflictos sociales que tienen paralizados los principales proyectos mineros justo cuando el precio de los metales alcanza valores históricos-, a quien menos parece preocuparle este difícil callejón sin salida es al presidente. Al señor Castillo y a sus ministros lo único que realmente parece interesarles es negar lo evidente y defender lo indefendible con tal de dilatar el tiempo y no dar al país una explicación sobre los actuales y antiguos escándalos de corrupción del Gobierno.

En este panorama, cada vez más complicado debido a lo que pareciera ser una confabulación entre Congreso y Ejecutivo para seguir dañando descaradamente al país, una de las instituciones clave para dar estabilidad a la Nación es el Poder Judicial. Le ponemos a la administración de justicia el reto de recuperar el principio de autoridad.

El Tiempo se suma a la exhortación hecha por los gremios empresariales del país a las autoridades judiciales para que se investiguen con la mayor transparencia e independencia posible todos los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo y al Legislativo; y, de encontrarse responsabilidad, se apliquen las sanciones correspondientes, evitando la impunidad y que los malos funcionarios sigan robando oportunidades a los peruanos.

También se debe alentar al Ministerio Público a no claudicar en su deber de investigar y acopiar pruebas, no solo para evitar que la corrupción siga erosionando al Estado, sino también para ayudar a generar ese clima de confianza y estabilidad que trabajadores y empresas requieren para lograr el crecimiento de la economía en un 6%.

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