La misión del Ministerio de Educación es garantizar servicios educativos de calidad a la población para que los peruanos alcancen su potencial y contribuyan al desarrollo del país.
Sin embargo esto no está sucediendo al interior de esta cartera donde, desde la semana pasada, los funcionarios de la actual gestión estarían ejerciendo una enorme presión en el equipo de profesionales encargados de la elaboración de las evaluaciones para los profesores que aspiran a ocupar una plaza pública a nivel nacional.
A pesar que el rol del Minedu es asegurar que todos los niños y niñas peruanos reciban una educación de calidad, según un informe periodístico, estos funcionarios tendrían órdenes de exigir que se modifique o “suavice” la Prueba Única Nacional que los maestros rinden cada año. La intención sería eliminar las partes más complicadas de la prueba, aquellas en las que cientos de maestros poco calificados salen “jalados”.
Por increíble que resulte, según el informe, el pasado 13 de setiembre la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación dispuso eliminar las subpruebas de comprensión lectora y razonamiento lógico, con el evidente objetivo de facilitar el acceso de los docentes a la carrera, bajando el nivel de dificultad.
Esto está sucediendo y como en política nada es casualidad, el ministro Juan Cadillo -dado que el profesor y presidente Pedro Castillo ha optado por guardar silencio sobre muchos problemas nacionales-, debe explicar al país a qué obedece el extraño interés en bajar la valla en las pruebas a los maestros. Es evidente que la finalidad no es mejorar calidad educativa y ni la meritocracia. Todo lo contrario.
Agrega mayor riesgo a la educación de los escolares la propuesta del premier Guido Bellido, expuesta ante el Congreso, de modificar la Ley de Reforma Magisterial. Es decir, crear un nuevo mecanismo como ruta alterna al nombramiento de los docentes, lo que evidentemente va en perjuicio de la meritocracia.
Como ha señalado el exministro Idel Vexler, propuestas como esta significan un retroceso en la calidad educativa. Justamente la Ley de Reforma establece que para que accedan a nombramiento los maestros más capacitados, deben concursar, no entrar por una “vía alterna”.