A mediados de los años noventa comenzó a circular en los medios intelectuales neoliberales -ahora reconvertidos en “austríacos” o “libertarios”- la idea de que los criminales son, en realidad, personas económicamente racionales, mientras que el crimen, obviando cualquier escollo ético, es un negocio más, capitalismo con chaveta.
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Del mismo modo que de una inversión se espera obtener un beneficio o una ganancia, el criminal actúa movido por la expectativa de lograr una recompensa a su esfuerzo, y tanto en uno como en otro caso, el estudio del mercado es un factor clave para el éxito: un inversionista explora las condiciones y esperanzas del medio en el que planea poner su dinero, mientras que el ladrón estudia los potenciales riesgos de depositar sus manos en el cogote de una persona en determinada zona y a una hora específica (añadimos nosotros que, en esa lógica, el “marca”, de nivel más alto que el simple carterista y redefinido por este pensamiento como una especie de “empresario con mentalidad de tiburón”, estudia a fondo las costumbres de su víctima hasta estar seguro de que la inversión de fuerzas, combustible y posibles balas merece la pena). ¿A dónde quería llegar el economista David Friedman, autor de esta teoría de la racionalidad económica del criminal?
El hijo de Milton Friedman esperaba que los Gobiernos alcanzaran una comprensión distinta de la criminalidad que los llevara a enfrentarla sin caer en la coerción ciega, sino buscando reducir el margen de beneficios que los hampones podrían obtener a expensas de la sociedad formal y tributante. Quizás las penas más altas, altas hasta el ridículo, disuadirían al emprendedor delictivo de continuar en el negocio. ¿Eso se buscaba cuando se elevó a 30 años la prisión para los ladrones de celulares? Creemos que no, que la norma es más una declaración dudosa que pretende dar fe del interés del Ejecutivo por erradicar la violencia, aunque no se tenga patrulleros ni efectivos suficientes para perseguir este delito y hacer cumplir la ley.
En todo caso, queda claro que si el bandido tiene alguna racionalidad o instinto económico, las personas que detentan el poder en el país no lo poseen. Al abrir una nueva discusión sobre la justicia, recordamos que las penas se extreman para los carteristas, mientras que las sentencias a los funcionarios corruptos siguen siendo benignas.
