Se equivocan de cabo a rabo los catedráticos estadounidenses y excolegas del procesado expresidente Alejandro Toledo, con quienes trabajó en las Universidades de Stanford y Harvard, cuando en su pretensión de salvarlo de gravísimas acusaciones por corrupción y de ser extraditado, desprestigian descaradamente al Perú.
Es el colmo que Martin Carnoy, William L. Clayton y Francis Fukuyama, profesores de la Universidad de Stanford, donde Toledo también fue docente; y Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard, hayan enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidiéndole que retroceda en la decisión de extraditar al Perú al expresidente por cuestiones “humanitarias”.
Según los intelectuales quienes se autodenominan “analistas políticos y sociales con décadas de experiencia estudiando la política peruana”-, no hay garantías de que el exmandatario de 77 años tenga un proceso judicial adecuado en el Perú debido a la inestabilidad política existente. Falso. La justicia peruana, con todos sus defectos, funciona. Fue capaz de condenar a Fujimori y Montesinos a 25 años por sus delitos en un juicio justo por donde se le mire.
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También se equivocan cuando argumentan que además de no haber supuestamente condiciones en el Perú para un debido proceso por “una turbulencia sin precedentes” el ahora acusado ha sido y es, según ellos, víctima de discriminación racial, debilidad del sistema judicial, razones de salud; así como por la “gran contribución de su presidencia a la democracia”. Con esa lógica, Fujimori no debió ser extraditado de Chile ni condenado. Con esos criterios, ni siquiera se debería pagar una papeleta de tránsito por una luz roja.
Los excolegas de Toledo no deben olvidar que la democracia se construye sobre la integridad. ¿Qué están enseñando a sus alumnos? Hablamos de catedráticos no de países inviables dirigidos por dictadores como Nicaragua, Cuba o Venezuela, sino de EE.UU., cuna de la democracia. Alegar razones étnicas y atribuirle a Toledo “ser socio de la democracia”, no justifica un soborno de $ 33 millones. Su origen, por pobre que sea, no lo hace “sagrado”. Debe rendir cuentas a la justicia. ¿Qué les pasa?
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